RIC Private Equity / A&G

1. Identidad, acuerdo y fecha de designación del Responsable del Sistema.
2. Independencia, medios y posibles relaciones históricas del gestor o proveedor.
3. Registro y preservación de todas las comunicaciones y adjuntos recibidos.
4. Exclusión de personas examinadas del control del alcance y de la prueba.
5. Entrega íntegra y no filtrada al Presidente y al Consejo no conflictuado.
6. Declaraciones individuales de interés, abstención y dependencia de informes.
7. Existencia, autoría, fecha, reservas y circulación de los cuatro informes descritos.
8. Nombramiento y mandato de un investigador externo realmente independiente.
9. Decisión motivada y documentada del Consejo, con medidas de remediación.
10. Necesidad de corregir información facilitada a accionistas, inversores o autoridades.

Aviso regulatorio documentado El 13 de enero de 2021 se registró ante la CNMV una denuncia que identificaba el folleto, el webinar, Sun Park, CAM y la utilización alegada de inmuebles de terceros; ese mismo día la AEAT emitió justificante de una denuncia tributaria sobre «fraude inversores RIC PE». La CNMV abrió la referencia ED/36/2021, trasladó el escrito al departamento competente y, en 2026, confirmó que se realizaron actuaciones de supervisión. También confirmó que el material obtenido en esas actuaciones no contenía el certificado RICPE de 20 de julio de 2021 ni el escrito judicial de CAM de 21 de julio que lo acompañó.

Conocimiento concursal El escrito de Aweswell de 11 de febrero de 2021 comunicó al Juzgado Mercantil la denuncia ante la CNMV, reprodujo la presentación inversora y aportó materiales del webinar y de la web; pidió suspensión, protección de los bienes y cese de la autoatribución pública. El escrito de 28 de junio añadió la nota RICPE de 19 de junio. Al contestar el 21 de julio, CAM pidió que esa nueva documental no se incorporara y, a la vez, sostuvo que nunca se había presentado como propietaria única y reconoció 54 fincas. La publicación pública de 28 de febrero de 2021 dejó el mismo aviso fechado; acredita aviso contemporáneo, no por sí sola la verdad de todas sus acusaciones.

Título Matkator Las escrituras de 26 de junio de 2015 y 1 de junio de 2016 documentan la compra por Matkator de las fincas registrales 8.584 y 8.588. Notas simples emitidas el 30 de enero de 2025 todavía muestran a Matkator como titular del 100% del pleno dominio de ambas. La respuesta catastral de 4 de marzo de 2026 identifica por separado tres referencias vinculadas a la posición de acceso de Matkator; Catastro y Registro no deben confundirse. La escritura concursal de 2022 no transmitió esas dos fincas Matkator.

Exposición que continúa La web oficial de MYND Yaiza sigue comercializando habitaciones, servicios y pases de día, y presenta la modernización de Sun Park como cofinanciada por la Unión Europea. Sin un mapa finca–uso–consentimiento, el riesgo sobre posesión, uso, ingresos, valor y control de las unidades extraconcursales es actual, no histórico; también lo son la exposición de inversores RIC, contribuyentes, fondos públicos/UE, empleo, proveedores y usuarios.

Conclusión delimitada: la respuesta a si la imagen integral de dominio y disponibilidad presentada en 2020 era completa es no en el propio registro documental posterior. Lo todavía abierto es qué expediente completo recibió cada decisor posterior, qué correcciones se hicieron y qué conocimiento, intención o responsabilidad corresponde a cada persona. Eso exige los expedientes CNMV, RIC/AEAT, GC/836/P06, municipales, de obra y explotación.

Corrección de precisión No sería exacto afirmar que la defensa de CAM impidió físicamente que el juzgado viera los documentos. Los escritos y anexos llegaron al procedimiento. Lo documentado es más preciso: CAM pidió que la cronología nueva de Aweswell no se incorporara ni fuera tratada como parte integrada del registro decisorio, mientras introducía su propio certificado y una versión patrimonial mucho más estrecha. La administración concursal pidió también la exclusión y redujo el daño a una hipótesis.

Función legítima Cada actualización fechada preserva la cronología, facilita que autoridades, inversores, financiadores, compradores, asesores, medios y testigos localicen los documentos, abre un derecho de respuesta y hace más difícil una futura narrativa de ignorancia. La publicación conecta daños que la fragmentación procesal trató por separado y puede generar nueva prueba o correcciones institucionales.

Límite registral La publicidad general del sitio no equivale automáticamente a notificación personal ni destruye por sí sola la buena fe de cualquier adquirente futuro. Los artículos 33 y 34 de la Ley Hipotecaria requieren un análisis individual: la inscripción no convalida un acto nulo, pero puede proteger al tercero oneroso que adquiere de quien aparece facultado por el Registro, actúa de buena fe e inscribe. Por ello la exposición pública complementa —no reemplaza— certificaciones vigentes, avisos individualizados, medidas cautelares, acciones de nulidad o rectificación y asesoramiento registral especializado.

Trabajo patrimonial abierto Gil Marer alega que existen otras unidades Matkator afectadas por transferencias no autorizadas. Esa alegación no se convertirá en listado público genérico: cada finca se añadirá solo tras comprobar titularidad histórica y actual, título de transmisión, asiento, poseedor, uso, ingresos, destinatarios de aviso y remedio disponible. La prioridad es impedir nuevo daño sin confundir exposición con adjudicación de culpa.

Alegación de Gil Marer El mecanismo alegado tiene ahora soporte económico verificable: series específicas de acciones, materialización RIC declarada en cuentas auditadas, 6,57 M€ de préstamos participativos, una declaración de idoneidad referida por RICPE y una concesión pública de 3,44 M€. Debe investigarse si quienes controlaban el proyecto conocían defectos de título o autoridad y, aun así, incorporaron inversores y administraciones de modo que el riesgo quedó socializado asimétricamente, aumentaron los costes de reversión y se produjo un anclaje económico e institucional acumulativo. Esta hipótesis no atribuye conocimiento, participación ni complicidad a inversores, potenciales inversores, asesores, intermediarios o empleados públicos por su mera exposición.

Frontera exacta: está documentada la materialización a nivel del vehículo y del proyecto. No están publicadas las declaraciones fiscales individuales ni consta una sentencia que declare fraude fiscal, de inversión, procesal o concursal. El conocimiento, la coordinación, la veracidad del expediente de materialización y cualquier responsabilidad son cuestiones investigables que requieren comparar cada representación con el título, el expediente RIC/AEAT, el incentivo regional, los flujos y las comunicaciones internas.

1. Identificar internamente, con protección de datos, a los accionistas y suscriptores de las series vinculadas con Sun Park/HNT/MYND Yaiza, su periodo de exposición y la información recibida.
2. Reconstruir las categorías y el número de potenciales inversores, asistentes a seminarios o reuniones presenciales y virtuales, asesores, intermediarios, organizadores e interlocutores institucionales expuestos a la comercialización, sin publicar identidades privadas sin base jurídica.
3. Preparar una matriz manifestación–fecha–canal–destinatario–reserva–corrección que permita saber quién recibió cada versión sobre titularidad, cargas, disponibilidad, concurso, fincas de terceros, LOI, due diligence y calendario.
4. Preservar invitaciones, grabaciones, CRM, cuestionarios, listas de distribución, data rooms, presentaciones, actas, comunicaciones de seguimiento y constancia de cualquier rectificación.
5. Someter al Consejo no conflictuado una decisión motivada sobre qué corrección o aviso procede respecto de inversores y demás destinatarios todavía expuestos, y si corresponde informar a CNMV, AEAT, Gobierno de Canarias, órgano concedente de la ayuda, Concurso 36/2012 u otro órgano judicial o fiscal competente.
6. Publicar solo el resultado procesal agregado y anonimizado de esa revisión, preservando datos personales, secreto supervisor, información fiscal y derechos de defensa.

Límite: esta solicitud no presupone que exista un deber idéntico de notificación frente a toda persona o autoridad. Exige que RICPE identifique las reglas aplicables, documente su análisis de materialidad y adopte una decisión verificable en lugar de fragmentar la exposición por funciones o destinatarios.

1. ¿Se han preservado correos, mensajería, llamadas, agenda, CRM, data-room, actas e informes relevantes desde julio de 2019?
2. ¿Qué relación, mandato, pago, instrucción o contacto existió entre Sony y RICPE/A&G, CAM/HNT o sus asesores?
3. ¿Quién conoció el paquete de 8 de marzo y qué comunicaciones posteriores mencionaron a Gil, el blog, CNMV/AEAT, Cuatrecasas o el Concurso 36/2012?
4. ¿Por qué Sony reaparece en el registro de 17 de marzo y hubo contacto posterior con él?
5. ¿Qué originó la certificación de Enrique Guerra de 20 de julio, quién la solicitó, con qué fuentes y para qué presentación en el concurso?
6. ¿Qué canales residuales de confianza, confidencialidad o asistencia subsistieron tras el relevo procesal específico de Aweswell de 26 de mayo de 2020, hubo contactos externos con Íñigo y qué efecto concreto acredita la prueba?
7. ¿Qué acción u omisión comunicada entra, en su caso, en el artículo 2 y la disposición adicional sexta; qué medida adversa posterior se alega bajo los artículos 36 y 38; y cuál es su fecha, autor, razón, perjuicio y nexo?
8. ¿Aceptará RICPE una revisión independiente y una respuesta documentada, y corregirá públicamente cualquier error verificable?