Initial judicial-security and public-funds communication

NOTIFICACIÓN SOBRE SEGURIDAD JUDICIAL Y PROTECCIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICO A la atención del Presidente y del Vicepresidente del Gobierno de Canarias Asunto: Responsabilidad institucional, seguridad judicial y protección de los fondos públicos en Canarias (Ref. GM-INS-2025-01). D. GIL MARER [identificación, domicilio y contacto omitidos] comparece ante este organismo. EXPONE Por medio de la presente, me dirijo a ustedes en mi capacidad personal como ciudadano, inversor, empleador y alertador protegido conforme al Derecho europeo y español, ante hechos que han dejado claramente de pertenecer al ámbito de un conflicto privado y han pasado a situarse en el terreno de la responsabilidad institucional. Lo ocurrido en Canarias en los últimos años —en particular en y alrededor de Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote— no refleja un desacuerdo aislado entre partes privadas. Pone de manifiesto riesgos sistémicos que afectan a la seguridad judicial, a la protección de los fondos públicos y a la credibilidad de las islas como jurisdicción jurídicamente segura para la inversión, el empleo y el turismo. Cuando bienes sujetos a tutela judicial o a procedimientos formales de insolvencia son, no obstante, explotados comercialmente sin una autorización legal clara y verificable; cuando los ingresos derivados de esos bienes circulan fuera de un control judicial o administrativo efectivo; y cuando sobre esa misma estructura se superponen después fondos públicos, subvenciones o incentivos fiscales de origen nacional o europeo, el asunto deja de ser privado. Se convierte en institucional. Estas preocupaciones se manifiestan a través de múltiples órganos jurisdiccionales y procedimientos —incluyendo el Juzgado de lo Mercantil, la Audiencia Provincial, y juzgados de Arrecife y de San Cristóbal de La Laguna— afectando al mismo activo subyacente y a las mismas partes por distintas vías procesales. Sin cuestionar la independencia judicial ni atribuir intencionalidad, el efecto acumulado de estas actuaciones genera un riesgo objetivo de percepción que merece atención institucional, con independencia del fondo de cada resolución individual. En tales circunstancias, el silencio, la demora o la fragmentación procedimental no preservan la neutralidad. Corren el riesgo de permitir la continuidad de situaciones irregulares. Notificación Institucional sobre Seguridad Judicial y Protección de los Fondos Públicos (Ref.: GM-INS-2025-01)​ 1 de 3

Durante décadas, Canarias ha disfrutado de una reputación como jurisdicción estable y basada en reglas. Esa reputación se ve erosionada cuando: ●​ Bienes bajo tutela judicial o concursal se tratan de facto como si no lo estuvieran; ●​ Subvenciones públicas, garantías, incentivos fiscales o fondos vinculados a la UE se despliegan sin una verificación efectiva de la autorización legal y del cumplimiento de condiciones; y ●​ Alertas reiteradas y documentadas, canalizadas por vías legales, no desencadenan una respuesta institucional proporcionada, coordinada y trazable. A lo largo de varios años he puesto los hechos en conocimiento de autoridades competentes municipales, autonómicas, estatales y europeas —incluyendo Urbanismo, Turismo, AEAT, CNMV, Fiscalía, Fiscalía Anticorrupción y OLAF— en relación con riesgos para la protección de fondos públicos, la comercialización irregular de activos jurídicamente sensibles y omisiones sostenidas que facilitan dichos resultados. Estas comunicaciones constan debidamente registradas, son trazables y se encuentran respaldadas por documentación contemporánea. La presente comunicación, por tanto, no constituye una primera alerta, sino que forma parte de un expediente institucional ya existente. La credibilidad institucional no se pierde por identificar irregularidades, sino por no abordarlas una vez identificadas. El liderazgo no se demuestra gestionando apariencias, sino actuando con legalidad y determinación cuando se tensionan el Estado de Derecho y la confianza pública. En consecuencia, y estrictamente dentro del marco de las competencias institucionales, insto respetuosamente al Gobierno de Canarias a: 1.​ Clarificar las competencias y responsabilidades en la salvaguarda de activos bajo tutela judicial frente a su explotación ilícita o su utilización en estructuras financiadas con fondos públicos o incentivadas fiscalmente. 2.​ Asegurar una verificación trazable de la legalidad, la autorización y el cumplimiento condicionado antes de conceder o mantener fondos públicos, subvenciones, beneficios RIC o incentivos vinculados a la UE. 3.​ Confirmar los protocolos de gestión de alertas institucionales, incluyendo registro, canalización, plazos y coordinación interdepartamental y con órganos externos de supervisión. 4.​ Reafirmar la plena cooperación con las autoridades nacionales y europeas de supervisión y antifraude que ya conocen de materias relacionadas. 5.​ Garantizar las protecciones del alertador, incluyendo confidencialidad, ausencia de represalias y auditabilidad, conforme a la Directiva (UE) 2019/1937 y a la Ley 2/2023. Notificación Institucional sobre Seguridad Judicial y Protección de los Fondos Públicos (Ref.: GM-INS-2025-01)​ 2 de 3

Sustituir la pasividad institucional por una actuación conforme a Derecho no es una elección política. Es una obligación legal e institucional. Canarias merece instituciones que protejan la actividad empresarial lícita, el empleo honesto y la confianza pública, y no entornos en los que la opacidad se transforme en impunidad. Quedo a disposición para cooperar constructivamente con cualquier autoridad que actúe de buena fe y dentro del marco de la ley. Londres / Tenerife, 15 de diciembre de 2025 Atentamente, Gil Marer [identificación omitida] Alertador protegido conforme a la Directiva (UE) 2019/1937 [contacto omitido] [teléfono omitido] Ref.: GM-INS-2025-01 Notificación Institucional sobre Seguridad Judicial y Protección de los Fondos Públicos (Ref.: GM-INS-2025-01)​ 3 de 3 Gil Marer Y223141 0X Firmado digitalmente por Gil Marer [identificación omitida] Fecha: 2025.12.15 18:53:31 Z